En 2018, España implantó una medida que en su momento fue ampliamente celebrada por ecologistas y expertos en sostenibilidad: la obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico en los comercios, incluidos supermercados. Esta decisión, alineada con la Directiva europea 2015/720, tenía como objetivo reducir el consumo de bolsas de un solo uso, concienciar a la población sobre el impacto ambiental de este residuo y promover hábitos de consumo más responsables.
Durante años, los españoles consumieron más de 300 bolsas de plástico por persona al año. Muchas acababan contaminando ríos, mares y suelos, afectando a la fauna y tardando décadas en degradarse. La medida de cobrar por ellas se presentó como una solución para reducir esa cifra drásticamente. Y funcionó: desde 2008 hasta la entrada en vigor del Real Decreto 293/2018, el uso de bolsas disminuyó en más de un 60% gracias a iniciativas previas y voluntarias de muchos comercios.
La norma establece precios orientativos entre 5 y 15 céntimos por bolsa, dependiendo del grosor y el tipo de plástico, y aunque muchas cadenas ya las cobraban, la ley eliminó cualquier duda: las bolsas ya no pueden ser gratuitas, salvo las muy ligeras destinadas a alimentos frescos.
Hasta aquí, la lógica ambiental es incuestionable. Pero hay un aspecto que no se suele explicar al consumidor: el dinero recaudado por cada bolsa de plástico vendida no va a un fondo ambiental ni a programas de reciclaje. Lo recauda directamente el supermercado o la tienda. Sólo una parte se destina a impuestos (el 21% de IVA), mientras que el resto queda como ingreso para el comercio. Así, una bolsa que cuesta 0,15 € genera 0,12 € netos para el establecimiento.
Este modelo ha sido criticado por convertir una buena idea en una oportunidad de negocio. Mientras que en países como Irlanda, donde desde 2002 se aplica una «eco-tasa» sobre las bolsas cuyo importe se destina íntegramente a un Fondo Nacional de Medio Ambiente, España optó por una medida menos regulada. Incluso en Portugal, donde también se cobra por las bolsas desde 2015, el cobro tiene carácter impositivo y está fiscalmente orientado a la sostenibilidad.
Una experiencia reciente en un supermercado de la cadena Lidl ilustra bien las contradicciones de este modelo. Tras varios meses sin visitar el establecimiento, un consumidor habitual se sorprende al descubrir que las bolsas disponibles en caja no solo son de menor tamaño del habitual, sino que se venden a 15 céntimos cada una. «Apoyo completamente la idea de reducir el uso de bolsas. Siempre llevo mis propias bolsas, pero este día fue una excepción. Lo que me indignó fue darme cuenta de que esas bolsas no solo son más pequeñas, sino que el comercio está ganando dinero con cada unidad. Si una bolsa de plástico deja cuatro céntimos de beneficio, y una de cartón deja uno o dos, ¿qué incentivo tiene el supermercado para fomentar alternativas ecológicas?».
La preocupación no es trivial. Cuando el cobro se convierte en margen comercial, desaparece parte del incentivo medioambiental. De hecho, muchos establecimientos siguen ofreciendo bolsas de plástico como opción predeterminada en lugar de impulsar bolsas de tela, de papel reciclado o de materiales biodegradables. Es más barato, deja mayor margen y cumple con la ley. Pero ¿cumple con el espíritu de la ley?
Italia optó directamente por prohibir la distribución de bolsas no biodegradables en 2011. Francia, por su parte, ha ampliado progresivamente las restricciones, vetando incluso las bolsas ligeras para fruta. Mientras tanto, España mantiene un sistema donde el comercio decide qué tipo de bolsas ofrecer, siempre que las cobre.
A nivel fiscal, también es llamativo que no se haya creado un fondo medioambiental estatal que centralice lo recaudado para financiar campañas de sensibilización, limpieza de entornos naturales o investigación en alternativas sostenibles. Las recomendaciones de organismos como la CNMC, que propusieron esta vía, no se han traducido en medidas concretas.
En definitiva, la medida del cobro de bolsas ha tenido un impacto positivo: ha reducido su consumo y ha normalizado el uso de bolsas reutilizables. Pero también ha dejado un vacío regulatorio que permite a muchas empresas obtener beneficios con un producto que debería tender a desaparecer. Transformar esta realidad pasa por reforzar la legislación, aplicar impuestos finalistas o incluso imitar a países que han eliminado por completo las bolsas plásticas. Solo así podrá mantenerse el compromiso ambiental que justificó la medida en primer lugar, sin que derive en un simple negocio más.
La sostenibilidad no puede convertirse en una excusa para lucrarse vendiendo residuos. Si de verdad se busca un cambio de hábitos, el modelo debe ser coherente de principio a fin.
